Venezuela entre los países más caros del mundo para proteger una marca

En diciembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro introdujo –vía Ley Habilitante- una reforma de la Ley de Timbres Fiscales, que entró en vigencia en mayo de 2015. Desde entonces se ha dado una serie de irregularidades en materia de marcas, patentes y propiedad intelectual, que se suman al hecho de que los pagos de derechos de registro de marcas y de anualidades de patentes de empresas extranjeras se hace en dólares.

En términos de propiedad intelectual, la Ley de Timbres Fiscales implica una tasa que las empresas le pagan al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) por las actividades que vayan a realizar en el país. Por ejemplo, registrar una marca.

Según la Carta Magna, en estos ámbitos debe darse el mismo tratamiento a una empresa venezolana que a una extranjera. Se trata de un principio de igualdad y no discriminación. Con la reforma hecha a dicha ley los venezolanos pagan en bolívares las tasas, pero las empresas extranjeras pagan en dólares.

Hay un agravante, y es que la referida ley establece que en el caso de un tipo de cambio múltiple (como en Venezuela) la tasa se calculará con el tipo de cambio más bajo (10 bolívares por dólar). Esto es, la empresa extranjera debe dividir lo que paga una empresa venezolana, entre 10 bolívares, para calcular la tasa. El SAPI habría recibido un monto aproximado de 4.284.285 dólares en un año calendario, dijo una fuente vinculada al mundo de la propiedad intelectual que prefiere mantener su nombre en reserva.

– El gobierno tras los dólares –

¿Cuál es el trasunto político? “El Gobierno está buscando obtener dólares. Si Coca Cola, por ejemplo, hacía 20 gestiones de marcas en Venezuela, ahora solo hace una. Este es el efecto boomerang de la reforma en cuestión”, indica la fuente.

El consultado denuncia que el SAPI es una de las 3 peores oficinas de propiedad intelectual en todo el mundo. “Desde siempre, desde la cuarta república, ha sido ineficiente, nunca ha habido una política de incentivo de la excelencia a partir del conocimiento”, asegura. Siempre ha habido insatisfacción de los usuarios, expone. No obstante, la economía venezolana era suficientemente fuerte como para que las empresas extranjeras siguieran operando en el país pese a las deficiencias.

Desde 2015 para acá “sigue funcionando mal, pero ahora es caro, y además caótico”, precisa el informante. Está entre los 3 servicios de propiedad intelectual más caros del mundo, y además no estaba preparado para migrar la tasa a dólares, por lo cual todo es muy caótico, indica.

La fuente recuerda que para lanzar un producto en Venezuela, las empresas extranjeras hacen un estudio de mercado, y los respectivos cálculos de la estructura de costos. A la luz de la migración de las tasas a dólares, estamos ahora entre los 3 países más caros del mundo para proteger una marca.

Otra fuente al tanto, que también prefiere mantener no ser identificado, presume que podría haber irregularidades administrativas detrás de esto, sin llegar a afirmarlo de manera contundente.

Muchos titulares de derechos para acogerse a las nuevas regulaciones y pagar sus tasas en dólares, pagaban al SAPI en dólares a través de Citibank. Hay dos modalidades: pagar directo a Citibank afuera, o en Venezuela en dólares al SAPI a través de los representantes legales.

Cuando se paga la tasa, hay un lapso predefinido –habiéndose cumplido todos los trámites-, para dar una respuesta por parte del SAPI. Lo que está sucediendo es que el SAPI no está en capacidad operativa de conciliar las cantidades acreditadas, por lo cual no da garantía de que el cliente pagó, y se crea una especie de limbo.

Existe una situación de incertidumbre total, ya que la cuenta bancaria en el Citibank (NYC) donde el SAPI recibía los fondos fue cancelada, y -por ende- las transferencias bancarias que hacen los interesados, están siendo devueltas.

– Cifras millonarias –

Desde mayo de 2015 se presentaron un total de 18.060 solicitudes de marcas, de las cuales aproximadamente 4.070 fueron formalizadas por titulares extranjeros. Si se concediera 70% de esas solicitudes (porcentaje bastante conservador), habrían de cancelarse 2.849 tasas de registro con un valor unitario de 885 dólares, con lo cual al SAPI le ingresarían 2.521.365 dólares únicamente por este concepto.

Se presentaron (desde mayo de 2015) 1.046 solicitudes de patentes, de las cuales 996 le corresponde la titularidad a empresas extranjeras. Con cada solicitud de patente, es obligatorio el pago de la primera tasa anual de mantenimiento, también conocida como anualidad, cuyo valor para empresas no domiciliadas en Venezuela es de 1.770 dólares. En consecuencia, al SAPI le habrían ingresado por concepto de pago de anualidades de patentes la cantidad de 1.762.920 dólares, señala la fuente.

Si se toma en consideración que en 2015 se han podido conceder alrededor de 2.849 registros de marcas a empresas extranjeras, trasladando esos mismos números al año 2016, en el presente año se han debido renovar al menos esa misma cantidad de registros de empresas no domiciliadas en Venezuela.

Suponiendo que únicamente la mitad de esos registros fueron renovados por sus titulares, abonando la tasa correspondiente de 1.770 dólares, al SAPI le ha podido ingresar la cantidad de 2.520.480 de dólares por concepto de renovaciones de registros de marcas en un año calendario.

Fuente: El Estímulo

CASOS REALES: El affaire Timberland-Remmore

Zapatos recuperados

Remmore debió cancelar fianza millonaria para rescatar mercancía decomisada

Durante el desarrollo del caso Remmore-Timberland, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Área Metropolitana de Caracas ordenó el embargo de toda la mercancía en posesión de Remmore, así como la maquinaria y equipos de trabajo. En total fueron decomisados 20.000 pares de zapatos identificados como Timberland, encontrados en las instalaciones fabriles de Valencia.

Recientemente, los dueños de Remmore pudieron recuperar tanto los zapatos retenidos, como la maquinaria y materia prima. Pero antes debieron pagar una fianza de 400 millones de bolívares. La empresa nacional se comprometió a eliminar la marca Timberland del calzado recuperado, para poder comercializarlo.

Pica y se extiende

Los conflictos en torno a la marca Timberland no han terminado. Cuando ha transcurrido poco más de un año de las disputas con Remmore, Bentata Hoet, representante legal de The Timberland Company en Venezuela, presentó una nueva demanda por el uso ilegal de los signos distintivos de esta organización. Pero esta vez en contra de Elias Sport, C.A, fabricante y comerciante de calzados con sede en el centro de Caracas.

Como en el caso anterior el tribunal encargado de decidir el caso, Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Area Metropolitana, decidió a favor de la empresa estadounidense.

En consecuencia prohibió a Elías Sport fabricar, publicitar, vender y distribuir artículos distinguidos con las marcas Timberland y Mareland, así como la etiqueta circular con la figura del árbol.

La decisión fue adoptada por la jueza Olga Fortoul de Grau, quien tomó en consideración la condición de notoriedad internacional de Timberland, la cual fue ratificada anteriormente por varias instancias públicas en Venezuela y otros países de América Latina.

El artículo 104 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dio la base legal para tomar la decisión. Esta parte de la norma establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento utilice sus signos distintivos.

Zapatos Prestados

Más de 20 mil pares de Timberland piratas nacionales fueron embargados por la marca estadounidense original

Timberland Company, la auténtica propietaria de la marca Timberland, se apersonó en Venezuela para reclamar sus derechos. Calzados Renmore comercializaba hasta hace poco una línea de calzados que ostentaba la marca de manera claramente ilícita.

El caso es que Renmore registró en 1986 la marca, pero con una hache (h) intercalada luego de la primera letra, es decir, Thimberland. “A pesar de ello comenzaron a fabricar el producto bajo el nombre de la marca original, sin la h, con la cual se registraron originalmente”, expuso a PRODUCTO Carlos Domínguez Hernández, abogado del escritorio jurídico Bentata & Hoet, que representa en Venezuela a Timberland Company.

En realidad, Thimberland habría sido registrado por Miguel Cascarano, presidente de Renmore, como un particular. Tres intentonas frustradas anteceden al caso. Una vez alcanzado el éxito, Cascarano traspasó su propiedad intelectual a nombre de Renmore.

Según los representantes del mencionado escritorio jurídico, las conversaciones con Renmore se ejecutan desde hace más de seis años, lapso en el que se intentó persuadir a la empresa a que desista de fabricar material con esta marca, de la cual no tienen autorización alguna para explotar.

“Si Renmore fabricase el producto con la h intercalada como les corresponde, aunque no muy legítimamente, pues el parecido fonético con la Timberland original es muy grande, no habría mayores problemas”, dijo Domínguez. Claro, la piratería del caso estaría suficientemente expuesta.

El caso es que el fabricante nacional utilizó incluso el arbolito –el logotipo simboliza un bosque, que es lo que significa la palabra inglesa timberland– que distingue a la marca en más de 60 países donde se comercializa. Por ello, los apoderados en el país se presentaron en la codemandada Proveeduría de Calzados Timberland, en el centro comercial Plaza las Américas, donde esta denominación comercial era notoria, y procedieron al embargo de mercancía infractora. No sólo rodaron zapatos Timberland, también correas y artículos que ostentaran la marca.

Pero el episodio int/enso se vivió en Valencia, donde está la fábrica. Allí el embargo fue de 20 mil pares de zapatos, otra cantidad aún no contabilizada de productos desarmados, algunos artículos extras, así como los troqueles utilizados para la fabricación.

Esta “operación comando”, muy de moda por estos días (ver “Con las manos en la masa”, en esta misma sección), duró casi 22 horas. Una jornada corta, si se toma en cuenta el acumulado de tiempo en que se ha desarrollado el caso.
La intención –especificada en la demanda por uso ilegal de marca– es que no se expenda en ningún sitio el producto nacional, así como evitar la fabricación y publicidad de los productos infractores.

Lo han logrado a medias: si bien es cierto que con el auxilio de instrumentos legales The Timberland Company detuvo la producción, no es menos cierto que una considerable parte de la mercancía ya estaba distribuida en el país.
“Además –retoma el abogado– estamos seguros de que hay unos cuantos galpones repletos de mercancía a los que no hemos tenido acceso”.

De hecho, en cuanto a los comercios que pueblan el país con el Timberland nacional en sus vidrieras, los jurisperitos están prácticamente de manos atadas. Habría que intentar una demanda por cada local, de los cuales ni siquiera se tiene la cifra global. Esto con el agravante de que jurídicamente el grupo de tiendas se constituye entre los llamados “adquirientes de buena fe”. Ellos, en realidad, no tienen la culpa.

La parte publicitaria también se vio afectada. Los medios en los cuales publicaba sus avisos el Timberland venezolano –”Chimberland”, como le llaman algunos consumidores atentos– fueron visitados por los representantes de la corporación extranjera y, tras una consiguiente instalación del tribunal respectivo, fueron disuadidos de retirar de sus pautas la publicidad de la mercancía violatoria. El Grupo Editorial Producto vivió la anécdota de cerca, al recibir a los abogados de Bentata & Hoet, respaldados por un documento legal dirigido a la jueza undécimo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

En éste se explica la figura del embargo realizado a la mercancía y la prohibición de publicitar (que acompaña a la de fabricar y producir) la mercancía violatoria.

The Timberland Company, según voceros calificados, no pretende incursionar de buenas a primera en el mercado venezolano. Entre otras desventajas, sus productos resultan costosos al bolsillo nacional. De cualquier manera, la idea es abrirse camino para operaciones futuras, y para ello aspiran erradicar a la marca nacional de la estantería comercial. Los productos aquí fabricados cuestan mucho menos de la mitad del más económico de los originales.

La firma norteamericana factura más de nueve mil millones de pares de zapatos en el mundo. Su facturación total supera 600 millones de dólares anuales, mientras que su inversión publicitaria pico, ejecutada en 1995, se acercó a 26 millones de dólares entre diarios y revistas de todo el globo terráqueo.

Paradójicamente, la publicidad empleada por Renmore en Venezuela (una muestra de la cual ilustra esta nota) instaba al consumidor a comprar los productos Timberland que se le ofertaran para evitar ser estafados en la compra de mercancía de dudosa autenticidad. Cosas veredes.

Revista Producto – 10/09/1998

El SAPI paralizó el otorgamiento de patentes a extranjeros

Lo más grave no es que Venezuela tenga un siglo de retraso en el ámbito de la propiedad intelectual, se rige por una ley de 1955, sino que se esté sujeto a políticas públicas que se dictan de manera aisladas sin tomar en cuenta cómo se articulan con los diferentes sectores.

Desde enero pasado, cuando se aprobó el Convenio Cambiario 39, que fija una sola tasa de cambio, el Dicom, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual se encuentra paralizado en cuanto al otorgamiento y mantenimiento de patentes para los inversionista extranjeros.

“La administración pública, específicamente el SAPI, decidió por la vía de los hechos de manera arbitraria suspender la concesión de patentes en Venezuela. Lo que afecta los intereses de inversionistas extranjeros que tanto necesitamos para la recuperación económica de Venezuela”, afirmó el abogado Castor González, experto en propiedad intelectual e integrante del bufete GR LEX.

La raíz del problema se originó cuando en 2015 se incluyó el artículo 6 en la reforma de la Ley de timbre fiscal, que es un decreto ley de la Habilitante de 2014.

González explicó que de acuerdo con esa norma se estableció que los solicitantes de marcas –o signos distintivos– y patentes extranjeros deben pagar los derechos de constitución o mantenimiento en moneda extranjera: dólares estadounidenses.

Para esa fecha existían en el país tipos de cambios múltiples, el Dipro, dólar protegido a una paridad de 10 bolívares y el Dicom, el cambio complementario.

Según la reforma de la Ley de timbre fiscal, el arancel que debían pagar los extranjeros era calculado con la tasa más baja, en este caso la del Dipro. Eso estableció que los solicitantes foráneos, las 100 unidades tributarias para obtener la licencia tenían que pagarlas a dólar protegido. La licencia costaba 3.000 dólares, un arancel excesivamente alto. En el mundo se cobra 500 dólares.

La encrucijada. Matías Pérez, presidente del Colegio de Agentes de Propiedad Intelectual de Venezuela, coincidió con González sobre los perjuicios que ocasiona este artículo. “El Colegio de Agentes de Propiedad Intelectual interpuso un recurso de nulidad contra el artículo 6, que no fue consultado ni fue objeto de análisis. Viola el principio de trato de los nacionales. Es discriminatorio y confiscatorio y, además, desconoce el poder migratorio del bolívar”.

La falta de planificación y de adecuación de las políticas públicas conllevó con la eliminación del dólar protegido, que la tasa se fije de acuerdo con los resultados del Dicom, lo que significa que ahora los inversionistas extranjeros deberían pagar por el trámite solo centavos de dólar.

“Eso ha puesto al SAPI en una encrucijada, los ha llevado a la ilegalidad por cuanto se han negado a cumplir la ley al rechazar recibir el pago porque la cuenta arancelaria en la que se constreñía a pagar está en un banco extranjero, y cobran una comisión de 75 dólares. La información la suministró verbalmente un funcionario del SAPI. Ellos no pueden recibir ni transferir pocos dólares porque es más caro que la tasa que se está pagando”, señaló Pérez.

Indicó que el SAPI se ha negado a aceptar el pago en bolívares para satisfacer esa obligación y se ha negado a dar constancia de recepción de trámites. “Con la prohibición de recibir pagos se dejan de percibir fondos públicos. Se pierden puestos de trabajo”, afirmó.

González abundó en detalles y aseguró que el gobierno se entrampó cuando puso en vigencia la reforma de la Ley de timbre fiscal, con la inclusión del artículo 6. Creyó y juró que ese sistema multitasas iba a dura toda la vida. Con el Convenio Cambiario 39 desaparecieron esas tasas y pasamos a un tipo de cambio único que es el Dicom”.

El abogado hizo un ejercicio para ejemplificar lo que pasa ahora. La décima subasta del Dicom calculó el tipo de cambio en 67.000 bolívares por dólar. La renovación de una marca –como ya se ha dicho– cuesta 100 unidades tributarias y si multiplicamos esa cifra por el valor de una UT, 500 bolívares, se tienen que en bolívares son 50.000, este monto lo pagan los nacionales, pero para los extranjeros a la hora de cancelar les tocaría pagar aproximadamente 0,75 centavos de dólar. “Eso no es justo, pero es lo que dice la ley. Es decir, pasamos de la estratosfera de 3.000 dólares al subsuelo. Son los contrastes que lamentablemente se dan cuando no hay una política pública coherente, pensada en la protección de los derechos, sino que es una política sencillamente desordenada que explota indebidamente a los titulares”, agregó González.

Saber el daño que se le causa a las arcas del erario público es casi imposible, por cuanto el SAPI tampoco entrega estadísticas. Entre otros perjuicios ocasionados está el hecho de que Venezuela quedó excluida del Índice de Innovación Global 2017.

“El SAPI rompió toda comunicación con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, una agencia de la Unesco y de la ONU. No entrega las estadísticas y eso nos impide saber en qué parte del universo creativo y de innovación estamos, porque sencillamente por falta de estadísticas no podemos entrar en esos grupos”.

Recurso. El Colegio de Agentes de Propiedad Intelectual de Venezuela en 2015 introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra el artículo 6 de la reforma de la Ley de timbre fiscal. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna decisión, pese a que desde hace un año el caso está para sentencia.

Sin licencias farmacéuticas

Matías Pérez, presidente del Colegio de Agentes de Propiedad Intelectual de Venezuela, describió otro problema que se presenta con el SAPI: desde 2004 se dejó de conceder en el país patentes farmacéuticas y de alimentos. “De acuerdo con la política del gobierno las patentes son responsables del encarecimiento de los productos”.

Consideró este criterio errado. “El sistema de patentes reconoce la inventiva y la inversión, y hace pública la información contenida en los documentos, lo cual se traduce en incentivar y democratizar la información”.

Estas licencias no se otorgan porque la Ley de propiedad intelectual de 1955 prohíbe patentar productos farmacéuticos, químicos y de productos alimentación, entre otros. A esta norma se regresó en 2008, luego de que en 2006 Venezuela abandonó la Comunidad Andina.

“Una explotación comercial efectiva de un invento, obliga al titular a que explote comercialmente su producto y a permitir que terceros exploten su invención en casos justificados. Incluso bajo ese supuesto el titular de la invención debe recibir una contraprestación económica por tanto es malo pensar que las patentes encarecen los productos o son las responsables de los problemas de salud pública”, explicó.

Recomienda que el Estado promueva que se cumpla ese proceso incentivando la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, y dar las condiciones para que la industria farmacéutica se desarrolle de forma exitosa.

La Cifra

9.000 solicitudes de marcas nacionales y extranjeras había en 2017 y al 7 de mayo de 2018 hay 6.000. Se produjo un descenso de por lo menos 30%. Esa disminución corresponde a las patentes extranjeras.

Por ASCENSIÓN REYES R. | AREYES@EL-NACIONAL.COM
28 DE MAYO DE 2018 01:19 AM