Una salida para la propiedad industrial

Las Administraciones Públicas deben actuar con celeridad, y esto lo afirmamos, a pesar de saber que la rapidez siempre produce errores porque pensamos que éstos pueden ser corregidos, lo cual es menos grave que la parálisis de quienes deben actuar y no lo hacen.


En los momentos actuales, en materia de propiedad industrial, un error de los organismos administrativos competentes en la materia, mantiene en crisis al sistema y, a la irregularidad originaria, se sumaron otras de igual magnitud. En efecto, un órgano subalterno se consideró facultado para legislar en la materia: derogar normas; imponer nuevos regímenes y rellenar lagunas normativas, mediante actos administrativos.

Ahora bien, un estado de cosas como el narrado, puede corregirse por varias vías. Así­, a través de una decisión de los tribunales que tienen el control sobre los actos de los poderes públicos: la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa. Recordemos que, en los momentos actuales están pendientes varios recursos en contra de las decisiones administrativas aludidas, cuya decisión podría ponerle remedio a las irregularidades existentes. Sabemos que hay un recurso de colisión interpuesto por la Cámara Venezolana de Medicamentos (Caveme); que hay un recurso autónomo de interpretación constitucional del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, introducido por la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) y hay los consabidos recursos de nulidad por inconstitucionalidad en contra de las decisiones administrativas.

Igualmente podría plantearse una actuación del Poder Ejecutivo que podí­a ejercer su potestad de revisión o potestad revocatoria, que es aquella que le permite extinguir con fuerza ex nunc (esto es, hacia el futuro) los actos inconvenientes o inoportunos.

Otra fórmula apropiada sería la actuación de la Asamblea Nacional propiciando una nueva Ley de Propiedad Industrial con criterios científicos; con orientaciones de altura, esencialmente técnica y, al mismo tiempo intérprete de la realidad circundante y, sobre todo, obediente del principio participativo que es el carácter esencial del Estado venezolano en la vigente Constitución Bolivariana.

Forjados en el culto del control jurisdiccional de los actos públicos, siempre nos inclinaremos cuando se trate de resolver los conflictos legales que están planteados, por una sabia decisión de los tribunales contencioso administrativos o de la Sala Constitucional que, en forma ejemplarizante señale cual es el camino que ha de seguir un sistema como el nuestro que, después de haber ostentado una legislación moderna y cónsona con los aportes cientí­ficos y tecnológicos, se encuentra regida por una ley vetusta que tuvo su utilidad hace cincuenta y cinco años, esto es, en el momento y para la oportunidad en que fuera puesta en vigencia.

Escrito por Hildegard Rondón de Sansó – JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2010